El Salvador vive su periodo de mayor control policial en décadas, pero también arrastra una generación que crece entre patrullas, cárceles y promesas de seguridad, sin empleo ni educación que le permitan imaginar un futuro distinto. Bajo el régimen de excepción, la estadística que se repite es la de capturas, no la de becas, trabajos ni oportunidades para quienes nunca fueron parte de las pandillas, pero hoy pagan el costo de un modelo construido sobre el miedo.
La prolongación del régimen de excepción en El Salvador ha creado una sensación de orden que muchos aplauden, pero descansa sobre un terreno profundamente inestable: una juventud sin trabajo ni educación, y un Estado que parece haber olvidado que su función no es solo encerrar, sino también abrir caminos de futuro. La pregunta incómoda es simple: ¿qué pasa cuando se apague el ruido de las capturas y tengamos que vivir con las consecuencias sociales de un país gobernado desde la cárcel y no desde la escuela o el empleo?
La seguridad convertida en rutina
El régimen de excepción nació como una medida extraordinaria, pero terminó convertido en el modo normal de gobernar. Mes tras mes, la suspensión de derechos fundamentales se renueva casi como un trámite burocrático, mientras organismos internacionales advierten que el país se ha acostumbrado a detenciones masivas, audiencias colectivas y un sistema judicial reducido a sellar decisiones tomadas desde el Ejecutivo.
Defensores del modelo repiten que “valió la pena” si los homicidios bajaron, y cualquier crítica se tacha de “pro pandillas”. Pero esa lógica simplista ignora algo esencial: una democracia no se mide solo por cuántos delincuentes encarcela, sino por cuántas oportunidades ofrece a quienes nunca tuvieron poder ni armas, especialmente a los jóvenes de los barrios pobres.
La generación invisible: jóvenes sin empleo ni aulas
En medio del discurso triunfalista, hay una cifra que debería sonar como alarma constante: más de 450,000 jóvenes entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, casi un 27% de esa población. Esa no es una estadística fría, es un diagnóstico brutal de fracaso estatal: una generación entera estacionada en el limbo, sin aula y sin salario, viendo cómo el gobierno invierte más en megaprisiones que en becas, formación técnica o empleos dignos.
La tasa de desempleo juvenil ronda el 12%, y la mayoría de los que “sí trabajan” lo hacen en la informalidad, con ingresos inestables y sin protección social. En otras palabras, el mensaje real que reciben muchos jóvenes no es “este país te necesita”, sino “este país te vigila”. Y un Estado que vigila más de lo que cuida no puede sorprenderse si, tarde o temprano, cosecha rabia y desafección.
Seguridad sin proyecto social
Hay algo profundamente revelador en el hecho de que el símbolo del gobierno sea una cárcel y no una universidad, un hospital o un instituto técnico. La narrativa oficial exhibe celdas, filas de cuerpos esposados y cifras espectaculares de capturas, pero guarda silencio cuando se pregunta por políticas de reinserción, por programas serios de empleo juvenil o por inversión sostenida en educación pública.
La idea de “resolver” la violencia con barrotes y uniformes ignora que las raíces del problema siguen vivas: pobreza, desigualdad, abandono de comunidades enteras y un mercado laboral incapaz de integrar a quienes hoy son etiquetados como “riesgo” solo por el lugar donde viven o por cómo se visten. El país está cambiando la geografía de la violencia (menos homicidios visibles), pero no necesariamente su semilla: exclusión, frustración, humillación cotidiana.
¿Qué pasa cuando baje la marea?
Todo modelo basado en la excepción funciona mientras el miedo sea más fuerte que las preguntas. El problema es que el miedo no dura para siempre, y entonces llegan las preguntas que el poder prefiere esquivar: ¿cómo se reinsertarán quienes fueron detenidos injustamente?, ¿qué hará el Estado con los jóvenes que crecieron viendo que la única presencia estatal en su comunidad eran patrullas y allanamientos?, ¿qué futuro se ofrece a las familias que perdieron años de ingresos en procesos judiciales?
Especialistas advierten que la combinación de instituciones debilitadas, juventud excluida y normalización de la represión es una receta conocida: tarde o temprano, produce migración masiva, estallidos sociales o nuevas formas de criminalidad que ya no caben en las categorías de antes. Un país puede llenarse de cárceles, pero si vacía de sentido sus escuelas y de esperanza a su juventud, lo que está construyendo no es seguridad, sino una calma tensa, lista para romperse con la próxima crisis.
La verdadera pregunta de fondo
La discusión sobre el régimen de excepción suele quedarse atrapada en un falso dilema: “o apoyas esto o apoyas a las pandillas”. Esa es la trampa perfecta para evitar el debate incómodo: ¿por qué, después de tantos años y tantos gobiernos, El Salvador sigue produciendo una masa enorme de jóvenes sin oportunidades reales, a los que ahora se les ofrece como única política pública el control policial?
Tal vez la pregunta que habría que empezar a hacerle al gobierno no es cuántos presos tiene, sino cuántos jóvenes logró sacar de la estadística de “ninis”, cuántas escuelas mejoraron, cuántos empleos dignos se crearon en los territorios que antes eran sinónimo de violencia. Porque si dentro de unos años el principal legado de esta época es un país con menos homicidios, pero también con menos derechos y menos futuro, entonces el costo de la “seguridad” habrá sido, en realidad, demasiado alto.
