El entramado de poder y negocios que rodea a los diputados oficialistas salvadoreños muestra que la promesa de “cero corrupción” convive con prácticas de nepotismo, créditos blandos y contratos millonarios con empresas vinculadas a legisladores de Nuevas Ideas.
Un Congreso convertido en aparato de propaganda
Una filtración de la base de datos de 451 “asesores y asistentes legislativos” contratados por la bancada de Nuevas Ideas reveló un esquema de nepotismo y clientelismo dentro del Congreso. La investigación de Expediente Público detalla que buena parte de ese personal, lejos de hacer trabajo técnico, se dedica a propaganda en redes sociales, relaciones públicas y comunicación digital a favor del oficialismo. Hacktivistas agrupados bajo el nombre CiberinteligenciaSV divulgaron la lista, donde aparecen familiares de funcionarios y operadores políticos del partido, financiados con fondos públicos.
Según esa investigación, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, cuenta con personal pagado por el Legislativo que trabaja en fortalecer su imagen y la del gobierno. Tras la filtración, en lugar de abrir completamente los archivos de personal, los diputados oficialistas comenzaron a publicar en redes planillas parciales y editadas, con un formato casi idéntico, lo que aumentó la sospecha de encubrimiento.
Diputados oficialistas y negocios con el Estado
El Independiente recuerda que Ernesto Castro, hoy presidente del Congreso, fue señalado por una empresa familiar que recibió cerca de medio millón de dólares de fondos reservados de Casa Presidencial entre 2010 y 2011, antes de su llegada a la Asamblea. Pese a ese antecedente, Castro ha encabezado comisiones que revisan pagos de fondos reservados de otros gobiernos, sin incluir su propio caso entre los temas de investigación legislativa.
Otro caso emblemático es el del jefe de fracción, Christian Guevara. Documentos de registro mercantil lo vinculan como fundador y directivo de la empresa Aire Frío El Salvador S.A. de C.V., dedicada a la climatización, que se volvió una de las grandes proveedoras del Estado durante la pandemia. En 2020, el Ministerio de Obras Públicas otorgó a Aire Frío ocho contratos de emergencia por covid‑19 por 1.09 millones de dólares, financiados con el FOPROMID, un fondo que permite saltarse los controles ordinarios de la ley de compras públicas.
El Faro y Funde han documentado que, en total, las empresas vinculadas a Guevara y su círculo llegaron a acumular 1.75 millones de dólares en 46 contratos con ministerios y autónomas entre junio de 2019 y septiembre de 2020. Un informe de auditoría de la Corte de Cuentas cuestionó específicamente procesos del MOP a favor de Aire Frío por alrededor de 1.44 millones de dólares en 2020, señalando irregularidades en la justificación técnica y la modalidad de contratación.
Los créditos del Banco Hipotecario para el círculo oficialista
A los contratos estatales se suman créditos estatales en condiciones favorables. Una investigación de FOCOS, Contracorriente y otros medios revela que el Banco Hipotecario aprobó al menos 4.9 millones de dólares en préstamos a 27 funcionarios del gobierno y del partido, incluidos 12 diputados de Nuevas Ideas y tres primos de Nayib Bukele. Entre los beneficiarios figuran el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, la vicepresidenta Suecy Callejas y diputados que buscaban la reelección, además de ministros y altos cargos del Ejecutivo.
Los créditos se destinaron a la compra de inmuebles en zonas de alto valor —playas, residenciales exclusivas y terrenos en el volcán de San Salvador— pese a que la misión histórica del banco es financiar a pequeños y medianos empresarios. En varios casos, los funcionarios hipotecaron propiedades que ya poseían, y en algunos el monto prestado fue superior al valor del inmueble, lo que expertos en transparencia califican como indicio de trato preferencial. Analistas consultados señalan además que la presidenta del banco en ese periodo tenía vínculos con el entorno fundacional de Nuevas Ideas, y fue designada por Bukele, lo que alimenta sospechas de tráfico de influencias y posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Desafueros por cohecho impropio
En febrero de 2022 la Asamblea, dominada por Nuevas Ideas, retiró el fuero a los diputados oficialistas José García y Gerardo Aguilar para que enfrentaran cargos de cohecho impropio. La Fiscalía los acusó de negociar dádivas con el activista José Rogelio “Roy” García a cambio de intentar convencer a unos veinte diputados “cian” de quebrar la disciplina del partido o abandonar la bancada. En audios presentados en el proceso se habla de ofrecimientos de hasta un millón de dólares y gestiones de ciudadanía estadounidense para los legisladores y sus familias.
La dirigencia oficialista presentó estos desafueros como evidencia de que “en Nuevas Ideas no se tolera la corrupción”. Sin embargo, críticos señalan que otros casos que implican a figuras clave de la bancada —como los créditos del Banco Hipotecario o los contratos millonarios de Aire Frío— no han derivado en investigaciones penales ni en procesos de antejuicio dentro del mismo Congreso.
Discurso anticorrupción vs. prácticas opacas
El gobierno de Nayib Bukele ha construido su relato sobre la idea de que “el dinero alcanza cuando nadie roba” y una supuesta cruzada contra la corrupción de los gobiernos anteriores. Pero análisis de Nueva Sociedad y auditorías de la Corte de Cuentas muestran que la administración actual ha utilizado regímenes de excepción y fondos especiales como el FOPROMID para hacer compras millonarias con poca transparencia, beneficiando a empresas ligadas al círculo oficialista.
En ese contexto, la Asamblea controlada por Nuevas Ideas aprobó reformas para endurecer las penas por delitos de corrupción, mientras tolera que diputados afines accedan a créditos estatales cuestionados y mantengan vínculos con empresas favorecidas en contrataciones públicas. El resultado es un paisaje político en el que el discurso anticorrupción se usa como arma contra adversarios, mientras las prácticas de nepotismo, negocios con el Estado y privilegios financieros alimentan la percepción de una nueva élite política que se protege a sí misma detrás de un Congreso leal.
Metodología y fuentes
Este reportaje se elaboró a partir de la revisión de investigaciones periodísticas, documentos oficiales y reportes de organizaciones especializadas en transparencia y combate a la corrupción en El Salvador.
Se analizaron reportajes de medios investigativos regionales y salvadoreños como Expediente Público, El Faro, FOCOS TV, El Independiente, Contracorriente, Ciper Chile, Prensa Comunitaria, Reporteros de Investigación y El Diario de Hoy/elsalvador.com, entre otros. A partir de estas publicaciones se identificaron patrones recurrentes de nepotismo, créditos estatales en condiciones ventajosas y contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas a diputados y al círculo del oficialismo.
También se consultaron documentos y comunicados de la Asamblea Legislativa de El Salvador relativos a procesos de desafuero, así como notas de agencias y cadenas internacionales (CNN en Español, DW) que dieron cobertura a esos hechos. Para el contexto político y el análisis del marco institucional se recurrió a trabajos de Nueva Sociedad (NUSO), informes de organizaciones como Human Rights Watch, Cristosal y estudios académicos sobre transparencia y cooptación institucional.
En los casos que implican cifras de contratos y montos de créditos del Banco Hipotecario, se contrastaron los datos publicados por los medios con la información disponible en registros públicos, informes de auditoría de la Corte de Cuentas y comunicados del propio banco, cuando existían. La información procedente de filtraciones (como la base de datos de asesores legislativos) fue utilizada únicamente cuando coincidía con otros documentos o confirmaciones independientes.
Debido a las restricciones crecientes de acceso a información pública en El Salvador, varios de los hallazgos citados en este reportaje provienen de bases de datos construidas por medios y organizaciones de la sociedad civil a partir de solicitudes de acceso, filtraciones y monitoreo sistemático de compras públicas. Todas las fuentes utilizadas son públicas y verificables, y se citan en el cuerpo del texto con referencia a los medios u organizaciones responsables de su producción.
