SAN SALVADOR – Un nuevo informe internacional ha reavivado el debate sobre la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. El documento, titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública”, fue elaborado por un grupo de juristas internacionales y respaldado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Según el estudio, las acciones del Estado salvadoreño durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, podrían constituir crímenes de lesa humanidad por las detenciones masivas, las muertes en custodia y las denuncias de tortura y desaparición forzada. Publicada de forma paralela en foros internacionales y en San Salvador, la investigación busca —de acuerdo con sus autores— abrir un debate regional sobre los límites éticos y legales del modelo de seguridad salvadoreño.
¿Qué dice el informe?
El texto, de más de cien páginas, se presenta como un análisis jurídico basado en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entre sus principales propuestas se destacan:
– Cese del régimen de excepción: El informe pide poner fin a la aplicación prolongada de medidas de emergencia y restaurar plenamente las garantías judiciales y constitucionales.
– Investigación independiente: Reclama indagar las más de 400 muertes registradas bajo custodia estatal hasta 2025, incluidas de menores de edad, y las denuncias de tortura y malos tratos en centros penitenciarios.
– Revisión de casos: Solicita un mecanismo judicial de revisión rápida para liberar a personas detenidas sin vínculos probados con pandillas, dentro de un universo de más de 89,000 capturas bajo el régimen.
– Reparación a las víctimas: Sugiere crear un fondo estatal de compensación y programas de apoyo a familias afectadas por abusos, muertes y desapariciones durante la política de seguridad.
– Supervisión internacional: Propone una misión de investigación de la ONU, inspirada en experiencias como la CICIG o la MACCIH, ante la alegada falta de independencia de la justicia salvadoreña.
El informe concluye que existen “bases razonables para creer” que, en el marco del régimen de excepción, se han cometido crímenes de lesa humanidad como asesinato, encarcelamiento masivo, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas.
La respuesta del Gobierno
Desde Casa Presidencial, el gobierno de Bukele desestimó el documento y lo calificó como “un intento de desprestigiar el éxito salvadoreño en materia de seguridad”. Funcionarios del gabinete de Seguridad argumentaron que el país logró reducir los homicidios a niveles históricos gracias a las medidas extraordinarias del régimen de excepción, que ha sido prorrogado decenas de veces desde 2022.
La administración sostiene que la disminución drástica de homicidios y la recuperación de territorios controlados por pandillas justifican la continuidad del esquema de excepción. También defiende su soberanía judicial y recuerda que miles de personas han sido liberadas tras comprobar su inocencia, lo que —según las autoridades— demuestra que el sistema corrige errores sin necesidad de intervención internacional.
En paralelo a la respuesta institucional, distintos voceros y cuentas afines al oficialismo emprendieron una campaña en redes sociales para desacreditar el informe. En mensajes virales, aseguran que el reporte exige la liberación de más de 90,000 prisioneros, equiparando sus recomendaciones con una amnistía general para los detenidos. Sin embargo, el documento no plantea en ningún momento la excarcelación automática de la población penitenciaria, sino la revisión de casos sin pruebas y la investigación de abusos, lo que evidencia una distorsión deliberada de su contenido.
Reacciones y contexto regional
La publicación ha generado reacciones en organismos internacionales y espacios regionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por la prolongación del régimen de excepción y llamó a El Salvador a garantizar investigaciones efectivas e independientes por violaciones de derechos humanos.
Por su parte, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado que las prácticas documentadas en el país —como detenciones arbitrarias, tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas— configuran patrones de violaciones generalizadas y sistemáticas. Al mismo tiempo, el llamado “modelo Bukele” es observado por otros gobiernos de la región, donde se discute su posible réplica frente a la persistencia de la violencia y el crimen organizado. Algunos actores políticos han elogiado sus resultados en seguridad, mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre el riesgo de consolidar regímenes punitivos que normalizan la suspensión de garantías básicas.
Un espejo para la región
El debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos se ha instalado en el centro de la discusión regional. Varios países latinoamericanos miran hacia El Salvador como un laboratorio extremo: un lugar donde la reducción de homicidios convive con denuncias de crímenes de lesa humanidad.
En palabras del abogado constitucionalista guatemalteco Eduardo Rodríguez, experto en regímenes excepcionales en Centroamérica, el caso salvadoreño condensa las tensiones de la región: “El Salvador vive una paradoja latinoamericana: alcanza índices de seguridad inéditos, pero con mecanismos que, de confirmarse las denuncias, violan pilares básicos del derecho internacional. El espejo salvadoreño muestra hasta dónde puede avanzar el autoritarismo cuando se maquilla de eficacia.”
Este video es relevante porque ofrece contexto visual y reportes directos sobre la presentación del informe del GIPES y las reacciones iniciales que ha provocado en el entorno político salvadoreño.
