Mientras el gobierno salvadoreño presume récords de seguridad y celebra “más de mil días sin homicidios”, en el país persisten asesinatos y desapariciones que quedan fuera de las cifras oficiales. Familiares, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos documentan una realidad paralela: la de crímenes invisibilizados y muertes no reconocidas.
Cadáveres que no cuentan
Casos como el de Natalia Raquel Bernal Gómez, hallada estrangulada en Huizúcar tras desaparecer por cinco días en septiembre, no se incluyeron en el reporte oficial de homicidios del mes. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó “cero muertes violentas” para ese periodo, pese a la evidencia y los testimonios de cuerpos de socorro y activistas. Este patrón se repite: asesinatos documentados por ciudadanos no figuran en registros oficiales, y la administración de Nayib Bukele sostiene que “si él afirma que no hay homicidios, no hay, y punto”.
Reconfiguración de delitos y feminicidios invisibles
Organizaciones como S.O.S. Desaparecidos y ORMUSA sostienen un conteo propio de homicidios y desapariciones, alertando sobre los casos a través de redes sociales ante la renuencia oficial a investigar. Al menos 58 asesinatos se reportaron extraoficialmente en los primeros meses de 2025, mientras la estadística policial se mantuvo inalterable. Además, los feminicidios a menudo se registran como “suicidios” o no se categorizan bajo el marco legal vigente, impidiendo su investigación adecuada. Entre enero y septiembre de este año, solo el Observatorio de Violencia contra las Mujeres documentó 27 feminicidios, los cuales no aparecen en los reportes gubernamentales.
Las madres buscadoras: testimonios y resiliencia
La búsqueda incansable de las madres de los desaparecidos se ha vuelto emblemática. Testimonios como el de la madre de Gregorio Valencia, joven desaparecido a los 16 años y quien soñaba con ser forense, muestran que el dolor no se apaga con el tiempo: “Es como si todo hubiera sucedido este día”. Madres como la de Carlos Abarca, estudiante de psicología desaparecido a los 22 años, o la de Rodrigo Montalván, quien deseaba ser médico, relatan la angustia y la impotencia ante la falta de respuestas. Muchas envejecen y fallecen sin conocer el paradero de sus hijos, evidenciando la dimensión devastadora de las desapariciones forzadas y el abandono estatal.
Muertes bajo custodia y en las cárceles
Activistas y defensores de derechos humanos advierten sobre homicidios dentro de las prisiones, durante el “régimen de excepción”. El entierro diario de entre seis y ocho cuerpos en fosas comunes dentro de cárceles como Izalco y Mariona, práctica que el gobierno no reconoce públicamente ni registra en estadísticas oficiales, es parte de la crisis. Además, en el CECOT, los migrantes deportados por Estados Unidos relatan torturas, violencia sexual y desapariciones, generando alarma internacional por el nivel de abusos documentados.
Estadísticas independientes y manipulación institucional
Mientras el gobierno señala solo 39 homicidios oficiales entre enero y junio de 2025, grupos sociales reconocen más de 58 asesinatos “no contabilizados”. De 2019 a 2025, datos oficiales reportan 5,688 homicidios y 2,548 desapariciones, pero los colectivos sostienen que el subregistro es mucho más amplio y que la reserva de información impide verificar la realidad. El cierre de acceso público a estas cifras y la negativa a entregar datos alimentan la opacidad institucional y la narrativa oficial de supuesta seguridad.
Reacciones internacionales y derechos humanos
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la CIDH han denunciado el deterioro democrático, la sistemática represión y la crisis de derechos humanos que atraviesa El Salvador. La tortura en centros de detención, la desaparición forzada y la persecución de la prensa independiente son elementos recurrentes en sus informes. La impunidad y la negligencia de las autoridades salvadoreñas han llevado a exigir medidas de rendición de cuentas y supervisión internacional reforzada.
Estado emocional y resistencia de las víctimas
Las víctimas y sus familias enfrentan un “limbo permanente”, marcado por la incertidumbre y desesperanza, pero también por la resiliencia y la solidaridad en la búsqueda de justicia. La lucha diaria por acceder a la verdad y por evitar el olvido se sostiene a pesar del silencio y la represión estatal.
El Salvador atraviesa un periodo de transformación en la gestión de la seguridad pública y en la transparencia de información sobre homicidios y desapariciones. Si bien el gobierno presenta cifras históricas de reducción de delitos violentos, representantes de víctimas, organizaciones sociales y organismos internacionales alertan sobre la existencia de un subregistro y la opacidad en los informes oficiales. El acceso limitado a datos, el cierre institucional a las demandas ciudadanas y la persistencia de casos fuera de estadística evidencian la complejidad del contexto actual.
En este entorno, los testimonios de familiares que buscan a sus desaparecidos y reclaman justicia muestran que la memoria y la resiliencia social permanecen activas ante la incertidumbre. La realidad de quienes siguen esperando respuestas tras años de silencio descubre el desafío pendiente de verdad y transparencia institucional. La ruta hacia la confianza pública y el fortalecimiento de derechos humanos requiere un compromiso abierto con la supervisión independiente y la rendición de cuentas.
La información presentada en este reportaje ha sido contrastada con fuentes oficiales, registros independientes, testimonios directos y análisis de organismos internacionales, priorizando el rigor periodístico y el respeto a todas las voces involucradas en el tema.
