Un cruce en X entre el hermano del presidente Bukele y usuarios ilustra el dilema central del régimen de excepción: cuántos inocentes encarcelados y muertos bajo custodia está dispuesta a tolerar una sociedad a cambio de menos homicidios.
En El Salvador, la discusión sobre el régimen de excepción suele dividirse en dos relatos que casi no se tocan. De un lado, el gobierno exhibe una reducción drástica de homicidios y presenta al país como “modelo” de seguridad; del otro, organismos internacionales y ONG describen un patrón de detenciones arbitrarias, tortura y muertes en prisión desde marzo de 2022. En los últimos días, un intercambio en X entre Ibrajim —hermano del presidente Nayib Bukele— y los usuarios VGarcía y JAlbano condensó esa tensión en pocos mensajes.
El hilo parte de una observación incómoda: la tasa de “inocentes liberados” bajo el régimen es muy alta, algo que el propio gobierno ha reconocido al informar la liberación de miles de personas detenidas sin pruebas suficientes. VGarcía pregunta qué hará el Ejecutivo para reducir esa cifra, qué papel juega el Ministerio Público y por qué no se vuelve al Plan Control Territorial que se aplicaba antes de la instauración del estado de excepción en marzo de 2022. La respuesta de Ibrajim es directa: “¿Cómo vas a reducir una tasa de inocentes liberados? Solo podés aumentarla sacando más inocentes”. La idea de fondo es que, si se libera a inocentes, el sistema estaría corrigiendo sus errores.
VGarcía replica que el enfoque debería ser el contrario: un sistema eficiente se propone minimizar las capturas erróneas desde el inicio, mediante mejor inteligencia policial y filtros de debido proceso. Para él, no se trata solo de cuántos inocentes logran salir, sino de cuántos nunca debieron haber entrado en prisión. Es una disputa entre dos definiciones de “funcionamiento” del sistema: para unos, es aceptable un margen amplio de error si se golpea con fuerza a las pandillas; para otros, ese margen es en sí mismo una falla estructural.
La conversación cambia de tono cuando interviene JAlbano. “Que existan errores en cualquier sistema no justifica detenciones masivas sin garantías”, escribe, subrayando que si hay inocentes presos no se trata de un “riesgo inevitable”, sino de una violación grave al debido proceso y a los derechos humanos. Esa crítica se alinea con lo que han señalado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional: miles de detenciones arbitrarias, audiencias masivas, defensas restringidas y uso extendido de la prisión preventiva bajo cargos genéricos como “agrupaciones ilícitas”.
Ibrajim responde apelando al contexto anterior al régimen de excepción. Según su argumento, el “sistema” que se defiende ahora liberaba pandilleros reiteradamente porque amenazaban a jueces y fiscales, mientras la población vivía bajo masacres, extorsiones y territorios controlados por las maras. En efecto, antes de 2019 El Salvador figuraba entre los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios muy superiores al promedio regional. Para el oficialismo, el estado de excepción —prorrogado en decenas de ocasiones desde 2022— habría logrado revertir esa realidad, al costo de errores inevitables en una operación masiva.
En uno de sus tuits, Ibrajim utiliza una metáfora médica: “Primero hay que tapar la hemorragia para que la herida pueda sanar”. La “hemorragia” sería la violencia de las pandillas; los errores del régimen, una consecuencia indeseada pero esperable en una cirugía de emergencia. En otra intervención, califica de “utopía” la idea de resolver una situación de miles de muertos al año “sin tener ningún abuso ni error en el proceso”. La implicación es que quienes demandan garantías plenas en medio de la crisis estarían pidiendo lo imposible.
JAlbano cuestiona directamente esa lógica: “No se puede justificar una ‘hemorragia’ con otra”, responde, y advierte que llamar “utopía” a exigir que no encarcelen inocentes equivale a abaratar los abusos. Su argumento se apoya en datos que hoy ya son difíciles de ignorar. De acuerdo con el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, para fines de 2024 las autoridades salvadoreñas habían detenido a más de 83.000 personas bajo el régimen de excepción, incluidas miles sin vínculos probados con pandillas; unas 7.000 habían sido liberadas entonces por falta de pruebas. Informes posteriores y reportes de prensa hablan ya de más de 90.000 detenidos al cerrar 2025.
El costo humano en las cárceles también se ha ido documentando. Socorro Jurídico Humanitario, una organización salvadoreña, reportó inicialmente 427 muertes de personas detenidas bajo el estado de excepción, la mayoría sin condena y sin “perfil de pandilleros”. Un informe más reciente de la misma organización eleva la cifra a al menos 504 fallecidos entre abril de 2022 y marzo de 2026, y advierte que el número real podría ser mucho mayor debido al hermetismo oficial. Amnistía Internacional, por su parte, describe “cientos de muertes bajo custodia estatal” en el marco de una política de detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza.
Al mismo tiempo, casi todos los observadores reconocen que la violencia homicida se ha desplomado. Informes internacionales señalan que los homicidios en El Salvador cayeron de miles anuales a cifras de dos o un dígito mensual, y el propio gobierno destaca un índice de homicidios cercano a 0,2 por día en 2024–2025. Esa mejora se percibe en la vida cotidiana de muchos barrios que antes sufrían extorsión, toques de queda informales y miedo a cruzar de una colonia a otra. Esa es la base del amplio apoyo interno que conserva la estrategia de seguridad de Bukele.
El choque en X, entonces, no es solo un intercambio acalorado entre estos usuarios, sino un espejo de la discusión que El Salvador tiene pendiente. Para voces como la de Ibrajim, quienes enfatizan las violaciones de derechos humanos dejan de ver el alivio real de las comunidades y terminan defendiendo un “status quo” que ya fracasó. Para usuarios como VGarcía y JAlbano, en cambio, señalar los abusos es una condición mínima para hablar de justicia y no solo de orden: si la seguridad se construye a costa de encarcelar y, en algunos casos, matar a inocentes, la solución se parece demasiado al problema que pretendía resolver.
Las grandes organizaciones de derechos humanos comparten esa preocupación. Amnistía Internacional ha descrito el régimen como un “modelo de seguridad a costa de derechos humanos”, marcado por miles de detenciones arbitrarias, tortura y falta de transparencia. Human Rights Watch ha documentado detenciones basadas en cuotas, pruebas fabricadas y presiones políticas sobre policías y jueces. Un informe reciente de juristas internacionales incluso habla de posibles crímenes de lesa humanidad en la aplicación prolongada de la política de seguridad salvadoreña.
En este contexto, el valor del hilo de X no es que ofrezca soluciones técnicas, sino que formula con crudeza la pregunta central: ¿quién define cuántos errores son aceptables? ¿Cuántos inocentes encarcelados, cuántas muertes en custodia, cuántas familias marcadas por una detención injusta se consideran un “precio asumible” por poder caminar sin miedo? En un país donde la excepción se ha convertido en norma, responder a esa pregunta ya no es solo un asunto de seguridad pública, sino de qué tipo de democracia se quiere —y se está dispuesto a sostener— en el largo plazo.
