El gobierno salvadoreño mantiene un patrón sistemático de opacidad que va desde la seguridad pública hasta compras millonarias como el nuevo paquete escolar importado desde Brasil, protegido por el uso abusivo de la “reserva” de información. Este cierre de datos hace casi imposible que la ciudadanía conozca cuánto se paga, a quién se contrata y quién se beneficia realmente del gasto público.
De la LAIP al país en tinieblas
En 2011, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se aprobó para garantizar que cualquier persona pudiera conocer cómo se administra el Estado, con reglas claras sobre qué se puede reservar y por cuánto tiempo. Esa ley definió que la reserva debía ser la excepción y solo aplicarse, por ejemplo, a temas militares, investigaciones en curso o negociaciones internacionales sensibles, durante un plazo limitado y debidamente justificado.
Desde 2019, el gobierno de Nayib Bukele ha vaciado ese espíritu de transparencia mediante reformas reglamentarias, ampliando plazos de respuesta, fortaleciendo el control político sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y facilitando que la información se declare reservada casi de forma automática. Organizaciones como FESPAD, APES y Cristosal han advertido que, en la práctica, el país pasó de un modelo de apertura a uno donde la regla es la reserva y la publicidad de los datos es la excepción.
El abuso de la “reserva”
Diversos informes señalan que el Ejecutivo declara reservada incluso información que por ley debería ser oficiosa, como declaraciones patrimoniales, viajes oficiales, contratos de publicidad y datos de compras públicas. La declaración de reserva de la declaración patrimonial del propio presidente Bukele en 2020 se ha citado como uno de los ejemplos más emblemáticos de esa política de cierre.
El uso de la reserva se ha extendido también a información relacionada con el régimen de excepción, incluyendo datos sobre homicidios, detenidos y actuaciones de las fuerzas de seguridad, bajo el argumento de “seguridad nacional”. Esto ha dejado a periodistas y organismos de derechos humanos sin insumos verificables para contrastar el discurso oficial sobre seguridad y abusos, en un contexto de graves denuncias de detenciones arbitrarias.
Periodistas contra el muro
Medios salvadoreños y organizaciones internacionales de periodismo describen un deterioro acelerado del derecho a saber desde la llegada de Bukele al poder. Reporteros relatan que solicitudes de información que antes se resolvían en plazos razonables ahora se enfrentan a retrasos, negativas genéricas o resoluciones de reserva sin motivación técnica sólida.
Ese cierre informativo se combina con ataques discursivos desde el aparato oficial y campañas de desprestigio contra periodistas críticos, lo cual refuerza un clima adverso para la investigación sobre corrupción y uso de fondos públicos. La consecuencia directa es que los casos que salen a luz suelen ser producto de filtraciones o fuentes extraoficiales, y no de un sistema institucional de transparencia funcionando correctamente.
El paquete escolar importado: datos públicos, números opacos
Mientras la propaganda oficial presenta el nuevo paquete escolar 2026 como una “inversión histórica”, los detalles clave del negocio permanecen ocultos para la ciudadanía. La ministra de Educación, Karla Trigueros, ha destacado públicamente la entrega de uniformes, útiles y dispositivos tecnológicos, insistiendo en el impacto positivo para más de un millón de estudiantes. Sin embargo, el Gobierno ha evitado dar respuestas claras sobre los montos desglosados, los procesos de licitación y los criterios para escoger a proveedores extranjeros.
De forma extraoficial, medios salvadoreños reportan que se importarán jeans azules y camisas tipo polo color cian para los uniformes, así como zapatos, cuadernos y dispositivos electrónicos, todos “traídos desde Brasil”. El mismo reportaje documenta que, para dar paso a este nuevo diseño importado, el Ministerio comenzó a retirar uniformes no entregados en 2025 de centros escolares de Usulután para posteriormente quemarlos, una decisión costosa que no ha sido explicada con detalle al contribuyente.
Mientras el gobierno exhibe la llegada al país de 440,000 nuevos dispositivos tecnológicos y asegura que la inversión acumulada en este programa supera los 800 millones de dólares desde 2021, no se han publicado contratos completos que permitan verificar precios unitarios, plazos, penalidades y empresas beneficiadas. Sin esa información, resulta imposible determinar si el Estado está pagando sobreprecios, si existieron licitaciones abiertas o si hubo compras directas favoreciendo a proveedores específicos dentro y fuera del país.
Impacto social: zapateros, sastres y proveedores desplazados
El giro hacia la importación de paquetes escolares desde Brasil no solo plantea dudas sobre transparencia, también tiene un costo económico interno. De acuerdo con reportes locales, cerca de 500 zapateros, 5,000 sastres y 2,500 proveedores de útiles escolares salvadoreños se han quedado sin trabajo debido a esta decisión del Ejecutivo.
Durante años, el programa de paquetes escolares fue una fuente de ingresos para pequeños talleres y microempresas locales, que producían uniformes, zapatos y útiles mediante contratos con el Estado. La sustitución de este modelo por la importación empaquetada desde el extranjero rompe ese círculo económico, pero el gobierno no ha presentado de forma transparente los estudios de costo-beneficio que justifiquen sacrificar miles de empleos nacionales a cambio de un proveedor externo.
Esta combinación de opacidad contractual y daño a la economía local alimenta sospechas de que el cambio de proveedores podría responder menos a criterios técnicos y más a intereses comerciales o políticos que el público no puede escrutar.
Transparencia en retroceso
Organismos de derechos humanos y plataformas cívicas advierten que las reformas a la LAIP, el abuso de la figura de reserva y el cierre de información sobre compras millonarias, seguridad y gestión pública constituyen un retroceso grave para la transparencia en El Salvador. La opacidad en el caso del paquete escolar –importaciones desde Brasil, destrucción de uniformes anteriores, desplazamiento de miles de trabajadores locales y ausencia de datos claros sobre costos y contratos– encaja en un patrón más amplio de gobierno sin rendición de cuentas.
En un país donde la lucha contra la corrupción fue una promesa central de campaña, el uso sistemático de la reserva de información se ha convertido en un blindaje político que dificulta que la ciudadanía, la prensa y las instituciones de control conozcan qué se hace con el dinero público. Frente a ese muro, el periodismo independiente y las organizaciones de sociedad civil siguen recurriendo a solicitudes de información, documentación paralela y testimonios para reconstruir, pieza por pieza, lo que el gobierno decidió ocultar.
