En menos de una década, El Salvador pasó de ser noticia mundial por la violencia de sus pandillas a convertirse en escaparate de criptomonedas, megaespectáculos digitales y promesas de modernización relámpago. Pero detrás del brillo de los drones, los anuncios futuristas y los eslóganes virales, se consolida un modelo de poder que ha cambiado la forma de gobernar: el Estado se gestiona como una marca y la realidad se administra a golpe de narrativa. Este reportaje explora cómo se construye esa maquinaria de propaganda, qué oculta y cuánto pueden aguantar sus cimientos cuando las cámaras se apagan
SAN SALVADOR – En la superficie, El Salvador se vende al mundo como una nación de vanguardia: luces de neón, ciudades de criptomonedas, megaobras tecnológicas y un presidente que gobierna desde un iPhone. Detrás de los videos en alta definición y los hashtags virales, sin embargo, opera una sofisticada red de influencia que, según investigaciones periodísticas y especialistas en comunicación política, tiene un objetivo central: sustituir la gestión pública por propaganda.
La fábrica de consenso
La arquitectura de imagen de Nayib Bukele no es producto del azar, sino de un entramado de al menos tres niveles diseñado para amplificar el culto a la personalidad, silenciar la disidencia y proyectar éxito más allá de las fronteras salvadoreñas. En el primer nivel opera un “ejército digital” compuesto por granjas de cuentas automatizadas, perfiles coordinados e influencers afines al oficialismo, cuya función es hostigar a periodistas independientes, activistas y organismos de derechos humanos, al tiempo que posiciona narrativas que presentan a Bukele como el “dictador más cool del mundo”.
Diversos analistas han documentado campañas coordinadas que se activan ante cualquier señal de crítica al gobierno, tanto dentro como fuera del país. Estas ofensivas digitales suelen replicar los mismos mensajes, hashtags y etiquetas contra medios específicos, y en ocasiones incluyen la difusión de información personal de comunicadores críticos, lo que ha generado denuncias ante organizaciones de libertad de prensa.
En un segundo nivel, la estrategia se traslada a las esferas de poder en Washington. Registros públicos de cabildeo han mostrado que el gobierno salvadoreño ha contratado firmas influyentes para mejorar su imagen ante congresistas y tanques de pensamiento conservadores. El objetivo, según expertos consultados, es neutralizar o matizar los señalamientos del Departamento de Estado y otros organismos sobre el retroceso democrático, el debilitamiento institucional y la falta de transparencia.
Un tercer nivel, más difuso, se apoya en una red de voceros informales: influencers extranjeros, comentaristas de derecha radical y figuras del ecosistema cripto que amplifican el relato de un “milagro salvadoreño” en seguridad y modernización. Muchos de ellos han viajado al país, participado en eventos oficiales y producido contenido que casi nunca contrasta las imágenes promocionales con datos independientes sobre pobreza, empleo o deuda.
Proyectos vitrina y “Efecto Maqueta”
El núcleo de la crítica a este modelo reside en la brecha entre lo que se anuncia y lo que realmente se ejecuta. El gobierno de Bukele ha perfeccionado lo que analistas locales denominan el “Efecto Maqueta”: proyectos presentados con grandes espectáculos, animaciones futuristas y promesas de transformación inmediata, pero que, años después, continúan en fases preliminares o simplemente no existen más allá de los renders.
Bitcoin City, el proyecto insignia anunciado como una urbe levantada al pie de un volcán y financiada con bonos respaldados en criptomonedas, sigue siendo, hasta ahora, una promesa en suspenso. A pesar de la narrativa oficial que presenta a El Salvador como el “hub cripto” del mundo, encuestas recientes han señalado que la adopción de Bitcoin es marginal entre la población y que la mayoría de las transacciones cotidianas siguen realizándose en dólares, en un contexto de aumento sostenido del costo de la canasta básica.
Otros proyectos vitrina —como nuevas infraestructuras, zonas económicas especiales y megaobras turísticas— se han anunciado con fechas precisas y metas ambiciosas, pero sus avances y costos reales son difíciles de verificar ante la ausencia de información pública desagregada. Organizaciones locales de sociedad civil han señalado que, sin datos completos sobre contrataciones, plazos y modificaciones de obra, resulta imposible saber cuánto se ha ejecutado, cuánto se ha pagado y quién se beneficia de los contratos.
El muro del silencio
Para que la propaganda tenga efecto, la realidad debe ser difícil de comprobar. El gobierno ha impulsado una política sistemática de reserva y opacidad en torno a información clave del Estado: datos sobre el uso de fondos públicos, adquisiciones de Bitcoin, estadísticas de homicidios y costos de obras de infraestructura han sido declarados bajo reserva por periodos prolongados, según resoluciones oficiales.
La consigna “El dinero alcanza cuando nadie roba” se ha convertido en uno de los lemas centrales del discurso gubernamental. Pero, sin acceso a auditorías independientes, con instituciones de control debilitadas y un sistema judicial reconfigurado para responder al Ejecutivo, esa afirmación descansa más en la repetición constante en redes sociales que en mecanismos formales de rendición de cuentas. Expertos en transparencia han advertido que la combinación de popularidad, concentración de poder y secreto administrativo abre la puerta a abusos que la ciudadanía no puede monitorear ni cuestionar con información verificable.
Organizaciones de periodistas han denunciado la negación sistemática de solicitudes de acceso a la información, así como la reclasificación de documentos que antes eran públicos. Esta dinámica ha obligado a muchos medios a basarse en filtraciones, fuentes anónimas y análisis indirectos para reconstruir el manejo de fondos, lo que incrementa los riesgos para reporteros y fuentes en un contexto de creciente hostilidad oficial hacia la prensa crítica.
¿Modelo exportable o ilusión de marketing?
Mientras influencers internacionales son invitados a recorrer playas, proyectos inmobiliarios y eventos cripto, los indicadores económicos de fondo muestran desafíos persistentes, con una inversión extranjera directa que no despega al ritmo de la narrativa oficial y una deuda pública que presiona el presupuesto nacional. En paralelo, el gobierno reivindica como gran logro la reducción drástica de homicidios tras la imposición de un régimen de excepción, aunque sin publicar datos completos y con denuncias de violaciones masivas a derechos humanos.
La llamada “Nueva Era” de El Salvador se ubica así en una zona ambigua: es, indudablemente, una victoria contundente de la comunicación política digital, pero aún no se traduce para amplios sectores de la población en mejoras tangibles en ingresos, servicios y oportunidades. El interrogante de los próximos años será cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que basa buena parte de su legitimidad en la espectacularidad de los anuncios y la eficacia del aparato propagandístico, mientras la realidad material de muchos salvadoreños sigue siendo, en buena medida, invisible detrás de la pantalla.
