Costa Rica se encuentra hoy en una encrucijada histórica. La visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele para colocar, junto al presidente Rodrigo Chaves, la primera piedra del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) no es simplemente un acto de infraestructura penal; es el reflejo de una transformación mucho más profunda en el rumbo político del país. El llamado “modelo Bukele”, con su mezcla de eficacia autoritaria, concentración de poder y desprecio por las garantías individuales, comienza a seducir a sectores de la opinión pública costarricense, hastiados de la violencia y la impunidad.
Sin embargo, detrás del brillo mediático de la “mano dura” se esconden tres amenazas fundamentales para la democracia más estable de América Latina: el desmantelamiento institucional, la erosión de los derechos humanos y la trampa de la seguridad de corto plazo.
El espejismo del orden inmediato
El “éxito” de Bukele no se explica por una supuesta genialidad táctica, sino por la subordinación del poder judicial, la captura del parlamento y la instauración de un régimen de excepción de facto. En Costa Rica, donde la separación de poderes es la piedra angular de la paz social, el riesgo es que se normalice el discurso de que los jueces, la Fiscalía o la Sala Constitucional son “obstáculos” para combatir el crimen. Esa retórica abre una puerta peligrosa: una vez debilitados los contrapesos, el autoritarismo se instala de forma casi irreversible.
La megacárcel anunciada en San José —una réplica conceptual del CECOT salvadoreño— puede terminar funcionando como un “estado de excepción simbólico”. Aun sin suspender formalmente los derechos constitucionales, promueve una cultura política que ve en la represión la única vía legítima para restaurar el orden. Bajo esta lógica, reclamar garantías legales se convierte en sospechoso, y defender derechos humanos equivale a “proteger delincuentes”.
Los costos invisibles del “modelo Bukele”
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado los excesos del régimen salvadoreño: detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y muertes bajo custodia. Miles de personas inocentes, especialmente jóvenes de barrios marginados, han sido encarceladas sin pruebas ni debido proceso. Ese es el precio que se oculta tras las cifras de reducción de homicidios que el gobierno salvadoreño presenta como milagro exportable.
Costa Rica, aunque orgullosa de su civilismo y tradición institucional, no es inmune a esa deriva. Cuando el miedo dicta la política, las primeras víctimas siempre son los más vulnerables: pobres, migrantes, habitantes de zonas estigmatizadas. Adoptar la narrativa de que “los derechos humanos son un lujo” implica despojarse voluntariamente de las mismas garantías que, en tiempos de crisis, protegen la dignidad ciudadana frente al abuso de poder.
Democracia ante la tentación populista
La fascinación con Bukele en plena efervescencia electoral costarricense es una advertencia seria. Detrás del carisma y la eficacia publicitaria se esconde un modelo que vive del debilitamiento de la democracia. Exportarlo significaría legitimar la idea de que la prensa crítica, las cortes independientes o la sociedad civil son obstáculos a la “voluntad popular”. Esa lógica, tan vieja como peligrosa, ha derrocado repúblicas enteras bajo la promesa de orden y seguridad.
Costa Rica puede y debe combatir el crimen con decisión, modernizando su policía, reforzando la inteligencia y mejorando la justicia. Pero hacerlo al costo de flexibilizar garantías o centralizar el poder sería renunciar precisamente a aquello que la distingue en la región: un Estado de Derecho sólido, institucional y previsible.
¿Seguridad a qué precio?
El desafío no es entre vivir con miedo o vivir sin libertad. La verdadera fortaleza costarricense reside en su capacidad para reformarse sin traicionar sus principios. Si el país cede ante la tentación del “atajo autoritario”, construirá cárceles para el crimen, pero también una celda simbólica para su propia democracia.
Los países no se vuelven autoritarios de un día para otro: se degradan poco a poco, entre aplausos y promesas de eficacia. Por eso, más que imitar el espejo salvadoreño, Costa Rica debería mirarlo con lucidez: no como modelo de éxito, sino como advertencia de lo que ocurre cuando el miedo se convierte en política de Estado.
