SAN SALVADOR, El Salvador.— A finales de 2022, el Gobierno de El Salvador celebró la aprobación de una reforma integral del sistema de pensiones, presentándola como un acto de justicia social que elevaría la pensión mínima y aliviaría la carga de los jubilados. La reforma fue aprobada mediante el Decreto Legislativo n.º 614, Ley Integral del Sistema de Pensiones, publicada en el Diario Oficial en diciembre de 2022, que reorganizó el sistema previsional y creó nuevas figuras de endeudamiento público ligadas a los ahorros de los trabajadores. Sin embargo, detrás de estos beneficios, una investigación periodística y el análisis de expertos independientes indican que la reforma ha consolidado un mecanismo que permite al Estado financiarse de manera creciente con los ahorros de los trabajadores, comprometiendo la sostenibilidad financiera del país a largo plazo.
El colosal agujero de la deuda previsional
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), retomados del Instituto Salvadoreño de Pensiones y del Ministerio de Hacienda, la deuda estatal con los fondos privados de pensiones —alimentados por las cotizaciones de los trabajadores— superó los 11,000 millones de dólares a agosto de 2025, lo que equivale a más del 30% del Producto Interno Bruto (PIB). Expertos financieros señalan que este endeudamiento no solo es histórico por su magnitud, sino que ha crecido con mayor velocidad durante la actual administración: solo en los primeros ocho meses de 2025, el saldo aumentó en más de 440 millones de dólares, con incrementos mensuales que superaron los 100 millones en algunos meses.
“La deuda total con el fondo de pensiones ya supera los 11,000 millones de dólares; es más del doble de cuando la actual administración llegó al poder en 2019”, afirma un analista financiero consultado, quien advierte que este crecimiento erosiona los rendimientos de las cuentas individuales de los cotizantes. De acuerdo con los especialistas, el sistema de pensiones se ha transformado en un gran acreedor cautivo del Estado, sin que los trabajadores tengan control real sobre el destino de sus aportes.
La reforma de 2022 como herramienta de financiamiento
La Ley Integral del Sistema de Pensiones, aprobada en diciembre de 2022 por una Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista, es señalada por economistas y gremios empresariales como la pieza clave que legaliza y acelera este financiamiento forzoso. Aunque la reforma ganó respaldo popular al anunciar un aumento de 30% en las pensiones y un incremento de la pensión mínima, también generó críticas técnicas sobre su viabilidad y sus efectos fiscales.
Uno de los puntos centrales es la compra obligatoria de deuda: la Ley Integral del Sistema de Pensiones establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben invertir prioritariamente en títulos emitidos para el financiamiento previsional, como los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) y los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Estos instrumentos sirven para financiar las pensiones del antiguo sistema público de reparto, pero especialistas sostienen que trasladan directamente el riesgo fiscal del Estado hacia los ahorros individuales de los trabajadores.
Títulos que casi no pagan y falta de transparencia
De acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda y las series de deuda publicadas en el portal de Transparencia Fiscal, el saldo de CFT superaba los 8,300 millones de dólares en 2025, concentrando buena parte de los activos previsionales en instrumentos emitidos por el propio Estado. Estos títulos no pagan capital ni intereses durante varios años, lo que deja el dinero de los cotizantes inmovilizado en instrumentos de baja o nula rentabilidad y limita la diversificación del portafolio de inversión de las AFP.
Gremiales empresariales y organizaciones civiles han manifestado su preocupación por la sostenibilidad del esquema y han cuestionado la falta de transparencia oficial. Entre otras cosas, señalan que el Gobierno no ha hecho públicos los estudios actuariales que supuestamente respaldan la reforma, pese a que funcionarios han mencionado decenas de estudios técnicos como base de la ley, lo que impide evaluar con rigor si el sistema puede cumplir sus promesas en el mediano y largo plazo.
La triangulación para sortear límites legales
Aunque la reforma de 2022 incluyó restricciones formales a la compra directa de deuda gubernamental por parte de las AFP, economistas describen la existencia de mecanismos de triangulación que seguirían permitiendo al Estado acceder a estos recursos. Informes de entidades financieras internacionales y análisis de casas calificadoras han planteado la hipótesis de que el Gobierno estaría utilizando bancos estatales o de mayoría pública, como el Banco Hipotecario, como intermediarios para canalizar la deuda hacia los fondos de pensiones.
En la práctica, la emisión se realizaría a través de estas entidades, que luego venderían los títulos a las AFP, permitiendo que los recursos terminen nuevamente en las arcas estatales. “En el fondo se trata de una triangulación: se respeta la forma de la ley, pero no su espíritu”, afirma otro experto consultado, quien subraya que el fondo de pensiones puede verse obligado a aceptar tasas menos favorables que las que obtendría en un mercado realmente competitivo.
Un aumento con un costo elevado
El Gobierno destaca que, tras la entrada en vigor de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, la pensión mínima se fijó en 400 dólares, tal como fue anunciado por el Ejecutivo y respaldado en material explicativo de las propias AFP. Con la reforma, también se prometió la reducción de las llamadas “pensiones VIP” y el incremento generalizado del 30% para la mayoría de pensionados del sistema.
Sin embargo, estadísticas oficiales del BCR y del Ministerio de Hacienda muestran que una proporción muy alta de los activos de las AFP se encuentra invertida en deuda pública directa o en instrumentos ligados al Estado, lo que refuerza la percepción de que el sistema previsional se ha convertido en una fuente estructural de financiamiento gubernamental. Esa concentración no solo aumenta la exposición de los trabajadores al riesgo fiscal, sino que también limita la posibilidad de buscar mejores rendimientos en otros instrumentos o mercados.
El futuro comprometido de los cotizantes
El uso sistemático de los ahorros de millones de cotizantes para cubrir necesidades fiscales de corto plazo tiene efectos que aún no sienten plenamente los jubilados actuales, pero que sí pesarán sobre las generaciones que hoy están en edad productiva. Expertos advierten que, si no se corrige la trayectoria de deuda y no se diversifican las inversiones, el país podría enfrentar en el futuro recortes de beneficios, aumentos de la edad de retiro o nuevas reformas que trasladen aún más costos a los trabajadores.
En la medida en que el Estado siga viendo el fondo de pensiones como una fuente de financiamiento fácil, el sistema previsional corre el riesgo de alejarse de su función principal: garantizar ingresos suficientes y estables en la vejez. Detrás de cada cifra de deuda y cada título colocado, hay un trabajador que podría encontrarse, dentro de unas décadas, con una pensión menos generosa de la que se le prometió cuando se presentó la reforma de 2022 como un avance de justicia social.
Solicitud de versión oficial
Para contrastar los hallazgos de esta investigación con la versión oficial, se solicitaron comentarios y explicaciones al Ministerio de Hacienda, al Banco Central de Reserva y al Instituto Salvadoreño de Pensiones sobre la evolución de la deuda previsional, el uso de los CFT y COP, y la concentración de inversiones en deuda pública. Al cierre de esta edición, ninguna de estas instituciones había respondido a las solicitudes de información ni facilitado los estudios actuariales que, según el discurso oficial, respaldan la sostenibilidad del sistema.
