Entre 2019 y 2025, en El Salvador al menos 646 mujeres han sido asesinadas en contextos de violencia feminicida, la mayoría a manos de parejas, exparejas o familiares dentro de sus propios hogares. En un país presentado como “más seguro” por la caída general de homicidios, estos crímenes se concentran en el ámbito íntimo y se investigan con escasa transparencia estatal, obligando a organizaciones como Ormusa y a las familias de las víctimas a reconstruir las cifras y pelear casi solas contra la impunidad.
Entre 2019 y 2025, los feminicidios en El Salvador se han mantenido como una forma extrema y persistente de violencia contra las mujeres. Aunque se ha reducido el número total de casos registrados, las causas estructurales permanecen: la mayoría de los asesinatos siguen ocurriendo en el entorno íntimo y de confianza, en un contexto de fuerte opacidad estatal en el registro de datos. Mientras el país es presentado internacionalmente como “más seguro” por la caída general de homicidios, organizaciones de mujeres describen un escenario donde la violencia letal contra las salvadoreñas se desplaza al ámbito privado y se vuelve cada vez más invisibilizada.
Cifras clave 2019–2025
Entre 2019 y 2022 se registraron 565 condenas por asesinatos de mujeres, de las cuales 319 fueron catalogadas específicamente como feminicidios, lo que muestra que la violencia letal de género siguió siendo un fenómeno grave incluso en años de descenso general de homicidios. En ese mismo período se documentaron en promedio más de 23.000 casos anuales de violencia de género en todas sus formas, dibujando un contexto de agresiones continuas que con frecuencia escalan a la muerte.
A partir de 2022, las instituciones de seguridad dejaron de publicar datos periódicos y desagregados por sexo, obligando a las organizaciones feministas a reconstruir las cifras mediante monitoreo de prensa y reportes comunitarios. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), en 2023 se registraron al menos 23 feminicidios o muertes violentas de mujeres vinculadas a violencia feminicida, y en 2024 se contabilizaron 38 feminicidios, con agosto como el mes más letal.
La tendencia en 2025
En 2025, los datos disponibles apuntan a una reducción numérica, pero con un patrón similar: hasta octubre se habían registrado al menos 23 feminicidios, según el monitoreo de Ormusa. Entre enero y abril se contaron al menos 10 casos y hacia noviembre la organización ya registraba 24, lo que muestra que la violencia letal contra las mujeres persiste a lo largo del año.
El municipio de San Salvador aparece de forma reiterada como el territorio con más feminicidios reportados, lo que sugiere una concentración de estos crímenes en áreas urbanas, aunque no descarta una subestimación en zonas rurales con menor cobertura mediática. En 2025 se ha documentado el uso recurrente de armas blancas y de fuego, así como otros métodos violentos, y entre las víctimas hay adolescentes y mujeres jóvenes, lo que refleja la transversalidad generacional del problema.
Violencia en el ámbito íntimo
Uno de los hallazgos más consistentes del período 2019–2025 es que la principal amenaza mortal para las mujeres no suele estar en la calle, sino en los vínculos afectivos y de confianza. En 2024, más de la mitad de los feminicidios documentados fueron perpetrados por parejas, exparejas o familiares, y en 2025 alrededor del 50% de los casos mantiene ese mismo patrón, según los registros de organizaciones de mujeres.
Diversas organizaciones señalan que muchas de estas mujeres habían sufrido violencia previa, amenazas o control coercitivo sin encontrar protección efectiva del Estado ni de su entorno inmediato. El concepto de “suicidios feminicidas” —suicidios de mujeres tras periodos prolongados de violencia de género— también empieza a aparecer en los registros, ampliando la mirada sobre el daño letal que generan estas dinámicas.
Régimen de excepción y opacidad
El régimen de excepción, instaurado oficialmente para combatir a las pandillas, ha sido presentado por el gobierno como clave de la fuerte caída de los homicidios en general. Sin embargo, organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que esta política no ha traído una reducción proporcional de la violencia contra las mujeres y, al contrario, ha coincidido con un aumento de asesinatos dentro del círculo de confianza y con un cierre casi total de la información pública.
Desde 2022, la decisión estatal de no publicar datos desagregados sobre muertes violentas de mujeres impide conocer con precisión el número real de feminicidios y dificulta la formulación de políticas basadas en evidencia. Esta opacidad ha llevado a que el país dependa de observatorios independientes y de la prensa para reconstruir el fenómeno, con el riesgo reconocido de subregistro y de dejar fuera casos ocurridos en comunidades con menos visibilidad.
Obstáculos para la justicia y la prevención
Aunque El Salvador cuenta con una ley específica para una vida libre de violencia para las mujeres y con la figura penal del feminicidio, organizaciones especializadas reportan brechas profundas entre la norma y su aplicación. Los procesos de investigación suelen ser lentos, en ocasiones revictimizantes, y no siempre derivan en condenas efectivas, lo que debilita el efecto disuasorio y refuerza la sensación de impunidad.
En el plano preventivo, las ONG denuncian la ausencia de sistemas robustos para detectar a tiempo a mujeres en riesgo y brindar protección inmediata, refugio, apoyo económico y acompañamiento psicosocial, especialmente cuando denuncian a parejas violentas. También sostienen que, sin datos públicos confiables, es casi imposible evaluar el impacto real de las campañas oficiales y diseñar intervenciones focalizadas en los municipios y grupos de edad más afectados.
Voces de las familias y de las organizaciones
Detrás de cada cifra hay familias que atraviesan duelos marcados por el miedo, la pobreza y las trabas institucionales para acceder a la justicia. Testimonios recogidos por organismos internacionales de derechos humanos describen a madres y familiares que buscan durante años esclarecer el asesinato de sus hijas, enfrentándose a expedientes incompletos, investigaciones inconclusas y escasas garantías de protección para quienes denuncian.
Organizaciones como Ormusa, observatorios universitarios y colectivos feministas han asumido el rol de documentar, sistematizar y visibilizar los casos, acompañar legalmente a las familias y presionar por políticas integrales de prevención y reparación. Su trabajo ha sido clave para posicionar el feminicidio no como una sucesión de hechos aislados, sino como la punta del iceberg de una estructura de desigualdad, misoginia y control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres salvadoreñas.
