Estados Unidos no ha publicado aún una lista oficial de países afectados ni reglas detalladas, pero el anuncio de Donald Trump de “pausar permanentemente” la migración desde los llamados países del “Tercer Mundo” impacta de lleno a Centroamérica y, por su historial migratorio, de forma especialmente dura a El Salvador. La región, que depende de la migración y de las remesas como válvula de escape económica y social, se enfrenta a un escenario de mayor cierre, incertidumbre jurídica y posible aumento de la migración irregular.
El anuncio de Trump
Trump afirmó en su mensaje de Acción de Gracias que impulsará una “pausa permanente” de la migración desde todos los “países del Tercer Mundo”, sin precisar qué naciones abarca ni cómo se implementará legalmente. También prometió revisar y revertir “millones” de admisiones aprobadas bajo el gobierno de Joe Biden, eliminar ayudas y subsidios federales para no ciudadanos y expulsar a quienes considere que no son un “activo neto” para Estados Unidos.
El presidente añadió que desnaturalizaría a inmigrantes que, según su criterio, “socaven la tranquilidad nacional” y deportaría a cualquier extranjero que sea considerado “carga pública”, “riesgo para la seguridad” o “incompatible con la civilización occidental”. Aunque muchos detalles podrían chocar con tribunales y con leyes vigentes, el mensaje marca una línea política clara: reducir al mínimo la inmigración desde países en desarrollo y aumentar la presión sobre quienes ya están dentro de EE. UU.
Golpe directo a Centroamérica
Si se interpreta “Tercer Mundo” como sinónimo de países en desarrollo, prácticamente toda Centroamérica quedaría bajo esta categoría política, desde Guatemala y Honduras hasta El Salvador y Nicaragua. Las solicitudes de asilo, reunificación familiar, visas de trabajo temporales y programas humanitarios que hoy utilizan miles de centroamericanos podrían ser restringidos, retrasados o directamente pausados.
Además, Trump ya ha aplicado en este segundo mandato suspensiones y revisiones de programas de parole y reunificación para nacionales de América Latina, lo que anticipa cómo podría ampliarse un nuevo cierre bajo el paraguas de la “pausa permanente”. Para Centroamérica, donde las causas de la migración incluyen violencia, crimen organizado, pobreza y efectos del cambio climático, el endurecimiento reduce vías legales pero no necesariamente la intención de migrar, lo que puede empujar a más personas hacia rutas irregulares y traficantes.
El caso específico de El Salvador
El Salvador se encuentra entre los países que históricamente han tenido una de las tasas de migración hacia Estados Unidos más altas en proporción a su población, y depende en gran medida de las remesas que envían salvadoreños en el exterior. Un cierre más estricto significaría menos oportunidades de migración legal para nuevas generaciones, mayor presión sobre familias que buscaban reunificación y un posible freno al flujo futuro de remesas, pieza clave del PIB salvadoreño.
Las políticas de Trump también mencionan revisar admisiones anteriores y cortar beneficios federales a no ciudadanos, lo que afectaría a salvadoreños con estatus precario o en proceso, que podrían enfrentar más redadas, deportaciones y pérdida de apoyos sociales. Si se combinan estas medidas con la retórica de “migración inversa”, El Salvador se arriesga a una doble presión: menos vías para salir legalmente y más retornos forzados de compatriotas que llevan años establecidos en Estados Unidos, lo que desafiaría la capacidad del país para reinsertarlos laboral y socialmente.
Reacciones y escenarios posibles
Organizaciones de derechos humanos y expertos en migración ya habían advertido en 2025 que el giro de Trump hacia políticas cada vez más amplias y vagas contra migrantes y refugiados erosiona los sistemas de protección construidos durante décadas. Para Centroamérica y El Salvador, este anuncio de Acción de Gracias se lee como una señal de que el gobierno estadounidense priorizará el control y la expulsión sobre cualquier enfoque de responsabilidad compartida o desarrollo regional.
En la práctica, mucho dependerá de cómo se traduzca la “pausa permanente” en regulaciones concretas, de las demandas que lleguen a los tribunales y de la capacidad de los gobiernos centroamericanos para negociar excepciones o programas específicos. Mientras tanto, comunidades centroamericanas en Estados Unidos y familias en países como El Salvador se preparan para más incertidumbre migratoria, posibles repatriaciones masivas y un clima político cada vez más hostil hacia los migrantes de la región.
