La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) se ha consolidado como uno de los principales actores en la defensa de los derechos humanos en El Salvador, en un contexto marcado por el régimen de excepción instaurado en 2022. Su labor de documentación, acompañamiento legal y denuncia internacional se desarrolla en paralelo a un creciente hostigamiento estatal contra sus integrantes.
Origen, misión y trabajo en terreno
Desde su creación, SJH brinda asistencia legal gratuita, apoyo económico y atención médica y psicológica a víctimas y familiares de detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales asociadas a operativos policiales y militares. Además de patrocinar casos, la organización elabora informes públicos sobre abusos y promueve denuncias ante instancias internacionales, entre ellas mecanismos de Naciones Unidas.
Hostigamiento estatal y exilio de su directora
El incremento de su trabajo durante el régimen de excepción ha ido acompañado de una escalada de represalias contra sus miembros, en particular contra su directora, Ingrid Escobar. Ella ha denunciado vigilancia, inclusión en listas negras y amenazas de encarcelamiento con cargos que considera fabricados, lo que la obligó a salir del país y solicitar asilo tras conocer de operativos e investigaciones fiscales en su contra.
Detenciones arbitrarias y casos emblemáticos
SJH ha documentado cientos de detenciones arbitrarias sin sustento probatorio, así como un patrón de uso abusivo de la fuerza y de criminalización de personas sin vínculos comprobados con pandillas. Entre los casos divulgados figuran el de Dora Alicia Sánchez Muñoz, amenazada por agentes policiales sin orden de captura, y el de José Santos Melara, paciente renal detenido pese a su condición médica, lo que ilustra la falta de garantías mínimas para población especialmente vulnerable.
Muertes bajo custodia y opacidad estatal
Entre marzo de 2022 y noviembre de 2025, la organización ha contabilizado entre 433 y 451 personas fallecidas bajo custodia del Estado salvadoreño, según los registros que ha presentado ante organismos como la Corte Penal Internacional y distintos mecanismos de la ONU. De acuerdo con SJH, muchas de estas víctimas no tenían antecedentes penales ni vínculos acreditados con estructuras criminales, y varias muertes se relacionan con torturas, malos tratos, negligencia médica o carencias graves en las condiciones de reclusión.
Manuel Mira, quien fue capturado el 23 de agosto de 2024 en El Salvador. Según reportes, Mira fue acusado de agrupaciones ilícitas tras una llamada anónima y fue detenido por la Policía Nacional Civil. Posteriormente, se informó que fue liberado el 28 de agosto debido a su grave estado de salud, y falleció 22 días después en el Hospital Zacamil.
Desapariciones forzadas y patrones de abuso
La organización también ha sistematizado expedientes sobre desapariciones forzadas de civiles y homicidios al interior de centros penitenciarios que no figuran en las estadísticas oficiales. Vinculado a SJH, el colectivo S.O.S. Desaparecidos El Salvador registra y difunde casos de personas cuyo paradero es desconocido, algunas de las cuales aparecen sin vida días o semanas después de la denuncia, lo que refuerza la hipótesis de prácticas sistemáticas de encubrimiento y falta de transparencia estatal.
Red de apoyo y presión internacional
El trabajo de SJH articula acompañamiento directo a familiares de víctimas con la construcción de un repositorio de datos para la prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mecanismos de protección de la ONU. Las reiteradas denuncias de amenazas y persecución contra su directora y otros integrantes se han convertido en un indicador del clima de hostigamiento y de los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país.
Insumo clave para justicia y memoria
La verificación y denuncia de muertes y desapariciones bajo custodia estatal por parte de SJH permite dar visibilidad a víctimas que, de otro modo, quedarían fuera de los registros oficiales. Sus archivos se han transformado en una fuente indispensable para investigaciones periodísticas, procesos judiciales nacionales e internacionales y trabajos de memoria histórica sobre la actual crisis institucional y de derechos humanos en El Salvador.
