La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador ha generado controversia al decretar la reserva de la información relativa a los gastos incurridos para la realización de la “Primera Cumbre Global sobre Derechos Humanos”, un evento de alto perfil organizado por la institución a inicios de septiembre de este año.
De acuerdo con reportes periodísticos y la información disponible, la decisión de la PDDH, dirigida por la Procuradora Raquel Caballero de Guevara, implica que el detalle de los costos asociados a este evento, que reunió a diversas figuras y organismos internacionales, no será de acceso público por un período determinado, el cual se ha señalado en algunos casos como de cuatro años.
Ocultamiento en el Gasto Público
La reserva de la información ha suscitado críticas por parte de expertos en transparencia y organizaciones de la sociedad civil, quienes argumentan que no existe un asidero jurídico que justifique blindar los gastos de un evento de esta naturaleza.
- Críticas al Fundamento Legal: Especialistas han señalado que los incisos aplicados para la reserva podrían no ser aplicables a los gastos operativos y logísticos de un congreso o cumbre.
- Contraste con la Transparencia: Este comportamiento, según monitoreos previos, es consistente con hallazgos de que la PDDH cumple solo parcialmente con la publicación de información oficiosa.
Gastos de Viajes y Viáticos Bajo la Lupa
Aunque la información específica de la cumbre esté reservada, registros públicos de compras de la PDDH han puesto en evidencia un gasto significativo en viajes y viáticos en periodos recientes, totalizando más de $227,500 entre 2022 y 2025.
Se ha reportado que la PDDH destinó más de $90,000 solo para el “suministro de boletos aéreos desde el exterior a El Salvador” durante un período, aunque los datos oficiales no confirman si esta adjudicación específica corresponde a los invitados de la cumbre de septiembre.
La opacidad en torno a la justificación y el monto final de los gastos de la “Primera Cumbre Global sobre Derechos Humanos” contrasta con el espíritu de rendición de cuentas que se espera de una institución garante de los derechos humanos y la transparencia. La Procuradora Caballero ha justificado la reserva en ocasiones anteriores por la supuesta “gran cantidad de solicitudes de información” recibidas.
