San Salvador, El Salvador – Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un Régimen de Excepción casi ininterrumpido, una medida constitucional que suspende ciertas garantías fundamentales. Implementado como respuesta a una ola de violencia atribuida a las pandillas (maras), este mecanismo se ha convertido en la política de seguridad insignia del gobierno del presidente Nayib Bukele.
La medida polariza a la sociedad y la comunidad internacional: por un lado, se celebra una drástica y anhelada reducción de la violencia; por el otro, se denuncia una violación sistemática de los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho.
Los Pros: Seguridad, Paz Social y Apoyo Popular
El principal argumento a favor del Régimen de Excepción es su efectividad innegable en la reducción de la criminalidad.
- Disminución Histórica de Homicidios: El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a registrar tasas de homicidio históricamente bajas, y a acumular cientos de días sin muertes violentas. El Gobierno ha declarado haber desarticulado a los grupos terroristas (pandillas) y recuperado el control territorial.
- Recuperación de la Tranquilidad Social: Millones de salvadoreños, que antes vivían bajo el asedio constante de las pandillas, ahora reportan una sensación de paz en sus comunidades, donde la extorsión y las amenazas han disminuido drásticamente. El cambio en la vida cotidiana de las personas es el motor de la alta aprobación popular del régimen (cercana al 90% en algunas encuestas).
- Detenciones Masivas: La herramienta ha permitido la captura de más de 70,000 presuntos pandilleros y colaboradores, sacando de circulación a gran parte de la estructura criminal que aterrorizaba al país.
- Fortalecimiento del Estado: El Gobierno y sus partidarios argumentan que la medida era necesaria para restablecer la autoridad del Estado en territorios que antes eran controlados por las maras.
Los Contras: Graves Denuncias de Derechos Humanos y Crisis Legal
Las organizaciones de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la prensa independiente señalan que estos logros se han obtenido a costa de la suspensión de derechos fundamentales y el atropello del debido proceso.
- Detenciones Arbitrarias e Ilegales: El punto más crítico son las detenciones masivas y sistemáticas basadas en la apariencia o en denuncias no verificadas, lo que ha llevado a que miles de personas inocentes sean encarceladas. Se estima que al menos una de cada diez personas privadas de libertad bajo el régimen podría ser inocente.
- Violaciones al Debido Proceso: El Régimen suspende derechos esenciales como la defensa y la individualización de los casos. Se han reportado:
- Audiencias masivas donde cientos de personas son juzgadas a la vez.
- Prisión preventiva obligatoria sin elementos probatorios suficientes.
- Restricción a la defensa legal efectiva y al recurso de habeas corpus.
- Muertes Bajo Custodia Estatal: Existe preocupación por las muertes de personas privadas de libertad bajo custodia, con reportes que apuntan a condiciones inhumanas, tortura y falta de atención médica dentro del sistema carcelario, especialmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
- Institucionalización de la Excepción: La prórroga continua (más de 40 extensiones) ha convertido al estado de excepción en una política de seguridad casi permanente, desdibujando la naturaleza temporal que debe tener, lo que, según los críticos, rompe con el Estado de derecho.
- Restricciones a la Libertad de Expresión: Se han denunciado casos de acoso y hostigamiento a periodistas independientes y a miembros de la sociedad civil que critican las políticas del Gobierno o documentan los abusos del régimen.
| Aspecto | Pro Régimen de Excepción | Contra Régimen de Excepción |
| Seguridad | Reducción dramática y sostenida de homicidios y extorsiones. | La seguridad se logra violando derechos humanos y el debido proceso. |
| Poder | Permitió al Estado retomar control de territorios dominados por pandillas. | Quiebra del Estado de derecho; suspensión de garantías constitucionales por tiempo indefinido. |
| Legalidad | Se basa en un marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa. | Detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal. |
El modelo de seguridad implementado en El Salvador ha demostrado ser extremadamente eficaz para controlar la violencia de pandillas, brindando a la población una paz que no había conocido en décadas. Sin embargo, su prolongación y las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos hacen que el Régimen de Excepción sea un experimento político y social que, para los organismos internacionales, plantea un interrogante fundamental: ¿Es sostenible y democrático un modelo de seguridad que sacrifica las libertades y el debido proceso de sus ciudadanos?
