La reciente entrega del Premio Nacional a la Promoción y Difusión en Derechos Humanos 2025, en la que fueron destacados funcionarios cercanos al gobierno como Carlos Marroquín y se reforzó la imagen de la actual Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha encendido críticas entre activistas y organizaciones independientes. En un contexto marcado por detenciones arbitrarias, denuncias de torturas en cárceles y criminalización de defensores, el galardón es visto por muchos como un intento de lavar la imagen del Estado más que de honrar a quienes arriesgan su seguridad por defender derechos.
Un premio entre elogios oficiales y silencio ante las víctimas
Durante el acto de entrega, la Procuraduría resaltó la “valiosa labor” de los homenajeados y presentó el premio como un reconocimiento a quienes contribuyen a la paz y a la dignidad humana en el país. Sin embargo, familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción y colectivos de derechos humanos señalan que la misma institución ha ignorado denuncias de muertes, malos tratos y falta de debido proceso en los centros penales, obligándolos a acudir a instancias internacionales ante la ausencia de respuesta local.
La figura de Carlos Marroquín en el centro del debate
La inclusión de Carlos Marroquín entre los homenajeados ha generado especial indignación debido a su rol en programas oficiales de “tejido social” impulsados por el actual gobierno, en un contexto donde informes internacionales han señalado presuntos pactos previos con pandillas y un uso político de la seguridad. Para críticos del régimen, premiar a un rostro clave de la narrativa gubernamental de “orden” mientras persisten denuncias de desapariciones forzadas y tortura envía el mensaje de que los derechos humanos se subordinan al control social y al castigo.
Una “defensa” oficial cuestionada
La actual titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, protagonista del evento, también se sitúa en el ojo del huracán por su rol durante el régimen de excepción. Organizaciones y abogados señalan que la institución ha estado ausente frente a casos de estrés extremo en cárceles, capturas sin pruebas suficientes y hostigamiento a periodistas y activistas, mientras el gobierno endurece su discurso contra ONG y defensores, incluso con iniciativas legales para gravar o restringir financiamiento internacional.
Defensores perseguidos afuera, galardonados adentro
Mientras en el auditorio se aplaudía a los ganadores, en otros frentes del país y del exterior organismos internacionales denunciaban la detención y criminalización de defensores como Ruth López y otros líderes comunitarios que han cuestionado la corrupción y los abusos del régimen. Para organizaciones de la sociedad civil, esta paradoja ilustra el doble estándar del Estado: castiga a quienes documentan violaciones o protestan pacíficamente, pero eleva como “referentes” a figuras alineadas con el poder político, vaciando de contenido la idea misma de defensa de los derechos humanos.
