La vida cotidiana en Cuba transcurre entre apagones interminables. La falta de electricidad ya no es solo una molestia: es el síntoma más visible de una crisis sistémica que combina una infraestructura decrépita, una gestión estatal ineficiente y el impacto persistente de las sanciones internacionales. Millones de cubanos enfrentan cortes de luz que superan las 15 horas diarias, lo que acelera la pobreza extrema y alimenta una ola migratoria sin precedentes.
Un sistema eléctrico exhausto
El corazón del problema es el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), una red de generación que opera al borde del colapso. La generación de energía depende en gran parte de ocho termoeléctricas que, en su mayoría, funcionan desde antes de 1959, como la Antonio Guiteras o la Felton, que arrastran décadas de explotación e infrafinanciación estatal. Las averías son constantes y provocan déficits que superan los 1.500 MW, dejando a más de la mitad del país simultáneamente a oscuras.
El deterioro se agrava por la falta de divisas para importar combustible y repuestos. La reducción de los envíos de petróleo subsidiado desde aliados tradicionales y el alto costo de operar en el mercado internacional han obligado a priorizar la operación diaria sobre el mantenimiento, una estrategia que deriva en fallas cada vez más graves. Expertos independientes estiman que rehabilitar y modernizar el SEN exigiría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra hoy inalcanzable para la economía cubana.
Apagones como condena social
La crisis energética ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un desastre social y humanitario. Informes de organizaciones no gubernamentales apuntan a que la pobreza extrema alcanza a la mayoría de las familias, y los apagones contribuyen directamente a este empobrecimiento.
- La pérdida de alimentos por falta de refrigeración en hogares y comercios es constante, mientras los cortes afectan el bombeo de agua potable y obligan a muchas familias a comprar agua embotellada o a buscar fuentes alternativas en un contexto de inflación desbordada.
- Hospitales y policlínicos operan con generadores sin combustible suficiente, lo que pone en riesgo cirugías y la conservación de medicamentos esenciales que requieren refrigeración, como la insulina.
- El desgaste físico y emocional es profundo: la gente organiza su vida y las tareas domésticas en función de la llegada intermitente de la electricidad, muchas veces de madrugada, alimentando la desesperanza y la intención de emigrar, especialmente entre los jóvenes.
En 2025, los apagones superaron a la crisis alimentaria como la principal preocupación ciudadana, reflejando el punto de quiebre de la paciencia social.
Doble responsabilidad: embargo y modelo interno
Para entender la magnitud del colapso no basta con mirar la ingeniería o las cifras energéticas: es necesario analizar la combinación de presiones externas e ineficiencias internas. La crisis eléctrica es la expresión de una doble responsabilidad: la del embargo estadounidense y la de un modelo político‑económico que no ha logrado adaptarse.
Por un lado, el embargo no se limita a prohibir operaciones directas con empresas de Estados Unidos. También penaliza a proveedores y bancos de terceros países que utilizan tecnología, financiamiento o seguros vinculados a ese país, encareciendo y dificultando la adquisición de piezas de repuesto, equipos de control y créditos para comprar combustible. Eso reduce la capacidad del Estado cubano para renovar sus termoeléctricas, diversificar la matriz energética y atraer inversión extranjera en infraestructuras clave.
Por otro lado, el modelo interno —basado en la propiedad estatal casi absoluta de los sectores estratégicos y en una planificación centralizada— ha demostrado una profunda ineficacia. La gestión del sistema eléctrico por parte de empresas estatales opera con baja transparencia, escasa productividad, corrupción y malas prioridades de gasto: se sostiene el aparato político‑administrativo mientras se pospone el mantenimiento de infraestructura civil. La burocracia, el miedo a la apertura y la falta de garantías jurídicas han frenado proyectos de energía renovable, almacenamiento y asociación con capital privado.
Cómo se entrelazan las culpas
Embargo e ineficiencia interna no actúan por separado; se potencian. La rigidez del modelo económico hace que los efectos de las sanciones sean más destructivos, porque el país llega a la crisis sin suficientes reservas productivas, sin diversificación y sin un sector privado capaz de amortiguar el golpe. Al mismo tiempo, el embargo sirve al gobierno como argumento permanente para explicar los fracasos y posponer reformas profundas, mientras voces críticas dentro y fuera de la isla señalan que la gestión interna ha desperdiciado oportunidades incluso en los períodos de mayor apertura.
El resultado es una sociedad atrapada en una doble prisión: la presión externa de un embargo que limita recursos y opciones, y un sistema político que administra mal esos recursos y se resiste a cambiar. En esa intersección, la oscuridad no es solo física; también simboliza la falta de horizonte para millones de ciudadanos que ven cómo se apaga la luz y, con ella, la confianza en el futuro de la isla.
