El gobierno de El Salvador presentó para 2025 el primer presupuesto que promete no recurrir a deuda para el gasto corriente, marcando un hecho sin precedente en la historia financiera nacional. Sin embargo, la realidad fiscal y las cifras de endeudamiento exigen un análisis más profundo sobre la viabilidad y las implicaciones de este anuncio.
El Salvador: ¿finanzas independientes o deuda persistente?
En septiembre de 2024, el presidente Nayib Bukele anunció un presupuesto “completamente financiado”, asegurando que El Salvador dejaría de gastar más de lo que produce; el ministro de Hacienda confirmó que el monto global de $9,663 millones para 2025 no requeriría emitir deuda para salarios, compra de bienes y servicios, ni otros gastos operativos.
Endeudamiento crítico y sobreejecución presupuestaria
La deuda pública salvadoreña superó los $33,000 millones en 2025, equivalente al 89% del PIB, ubicada entre las más altas de América Latina y Centroamérica. Expertos, como Rafael Lemus, destacan que los presupuestos aprobados por la Asamblea son sistemáticamente superados durante el año, generando incrementos de hasta 45% en el gasto ejecutado respecto al planeado, lo que traduce en mayores necesidades de financiamiento y nuevo endeudamiento.
La carga de la deuda supera la inversión social
Para 2025, El Salvador destinará casi el 29% de su presupuesto únicamente al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública, un monto superior al presupuesto combinado de salud y educación. Esto repercute directamente en recortes presupuestarios y afectaciones concretas en servicios básicos para la población, como la reducción de plazas docentes y hospitalarias.
¿No más deuda para el gasto corriente?
Aunque el Ejecutivo afirma que no financiará el gasto operativo con nuevos préstamos, en la práctica se siguen aprobando créditos —como el reciente préstamo de $250 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento— y refuerzos presupuestarios que, según denuncian especialistas y la prensa, pueden terminar cubriendo compromisos fiscales de funcionamiento, a pesar del discurso oficial.
El reto del acuerdo con el FMI
La presión del Fondo Monetario Internacional, que otorgó recientemente $1,400 millones a cambio de un ajuste fiscal del 3.5% del PIB y reformas estructurales, condiciona los márgenes de maniobra del gobierno. Si bien la meta es reducir progresivamente el peso de la deuda pública y abandonar el financiamiento del déficit corriente con préstamos, las cifras confirman que este objetivo dista de ser alcanzado en el corto plazo.
Conclusión
El presupuesto 2025 es presentado oficialmente como histórico: promete independencia financiera y el fin del uso de deuda para gasto corriente. Sin embargo, los datos muestran una deuda pública creciente, una práctica constante de sobreejecución presupuestaria y la persistente aprobación de nuevos créditos. Acabar con el ciclo de endeudamiento desmedido es un reto vigente que exige transparencia y rigor en la ejecución fiscal, más allá de los anuncios oficiales.
