{"id":662,"date":"2026-03-15T12:53:26","date_gmt":"2026-03-15T19:53:26","guid":{"rendered":"https:\/\/sesupo.com\/?p=662"},"modified":"2026-03-15T13:14:12","modified_gmt":"2026-03-15T20:14:12","slug":"informe-gipes-2026-el-salvador-ante-denuncias-de-crimenes-de-lesa-humanidad-y-el-choque-con-el-gobierno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sesupo.com\/?p=662","title":{"rendered":"Informe GIPES 2026: El Salvador ante denuncias de cr\u00edmenes de lesa humanidad y el choque con el Gobierno"},"content":{"rendered":"\n

SAN SALVADOR \u2013 Un nuevo informe internacional ha reavivado el debate sobre la pol\u00edtica de seguridad del presidente Nayib Bukele. El documento, titulado \u201cEl Salvador en la encrucijada: cr\u00edmenes de lesa humanidad bajo la pol\u00edtica de seguridad p\u00fablica\u201d, fue elaborado por un grupo de juristas internacionales y respaldado por la Fundaci\u00f3n para el Debido Proceso (DPLF).<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el estudio, las acciones del Estado salvadore\u00f1o durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, vigente desde marzo de 2022, podr\u00edan constituir cr\u00edmenes de lesa humanidad por las detenciones masivas, las muertes en custodia y las denuncias de tortura y desaparici\u00f3n forzada. Publicada de forma paralela en foros internacionales y en San Salvador, la investigaci\u00f3n busca \u2014de acuerdo con sus autores\u2014 abrir un debate regional sobre los l\u00edmites \u00e9ticos y legales del modelo de seguridad salvadore\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 dice el informe?<\/p>\n\n\n\n

El texto, de m\u00e1s de cien p\u00e1ginas, se presenta como un an\u00e1lisis jur\u00eddico basado en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entre sus principales propuestas se destacan:<\/p>\n\n\n\n

\u2013 Cese del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n: El informe pide poner fin a la aplicaci\u00f3n prolongada de medidas de emergencia y restaurar plenamente las garant\u00edas judiciales y constitucionales.
\u2013 Investigaci\u00f3n independiente: Reclama indagar las m\u00e1s de 400 muertes registradas bajo custodia estatal hasta 2025, incluidas de menores de edad, y las denuncias de tortura y malos tratos en centros penitenciarios.
\u2013 Revisi\u00f3n de casos: Solicita un mecanismo judicial de revisi\u00f3n r\u00e1pida para liberar a personas detenidas sin v\u00ednculos probados con pandillas, dentro de un universo de m\u00e1s de 89,000 capturas bajo el r\u00e9gimen.
\u2013 Reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas: Sugiere crear un fondo estatal de compensaci\u00f3n y programas de apoyo a familias afectadas por abusos, muertes y desapariciones durante la pol\u00edtica de seguridad.
\u2013 Supervisi\u00f3n internacional: Propone una misi\u00f3n de investigaci\u00f3n de la ONU, inspirada en experiencias como la CICIG o la MACCIH, ante la alegada falta de independencia de la justicia salvadore\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

El informe concluye que existen \u201cbases razonables para creer\u201d que, en el marco del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, se han cometido cr\u00edmenes de lesa humanidad como asesinato, encarcelamiento masivo, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas.<\/p>\n\n\n\n

La respuesta del Gobierno<\/p>\n\n\n\n

Desde Casa Presidencial, el gobierno de Bukele desestim\u00f3 el documento y lo calific\u00f3 como \u201cun intento de desprestigiar el \u00e9xito salvadore\u00f1o en materia de seguridad\u201d. Funcionarios del gabinete de Seguridad argumentaron que el pa\u00eds logr\u00f3 reducir los homicidios a niveles hist\u00f3ricos gracias a las medidas extraordinarias del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, que ha sido prorrogado decenas de veces desde 2022.<\/p>\n\n\n\n

La administraci\u00f3n sostiene que la disminuci\u00f3n dr\u00e1stica de homicidios y la recuperaci\u00f3n de territorios controlados por pandillas justifican la continuidad del esquema de excepci\u00f3n. Tambi\u00e9n defiende su soberan\u00eda judicial y recuerda que miles de personas han sido liberadas tras comprobar su inocencia, lo que \u2014seg\u00fan las autoridades\u2014 demuestra que el sistema corrige errores sin necesidad de intervenci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n

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En paralelo a la respuesta institucional, distintos voceros y cuentas afines al oficialismo emprendieron una campa\u00f1a en redes sociales para desacreditar el informe. En mensajes virales, aseguran que el reporte exige la liberaci\u00f3n de m\u00e1s de 90,000 prisioneros, equiparando sus recomendaciones con una amnist\u00eda general para los detenidos. Sin embargo, el documento no plantea en ning\u00fan momento la excarcelaci\u00f3n autom\u00e1tica de la poblaci\u00f3n penitenciaria, sino la revisi\u00f3n de casos sin pruebas y la investigaci\u00f3n de abusos, lo que evidencia una distorsi\u00f3n deliberada de su contenido.<\/p>\n\n\n\n

Reacciones y contexto regional<\/p>\n\n\n\n

La publicaci\u00f3n ha generado reacciones en organismos internacionales y espacios regionales. La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiter\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la prolongaci\u00f3n del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n y llam\u00f3 a El Salvador a garantizar investigaciones efectivas e independientes por violaciones de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Amnist\u00eda Internacional y Human Rights Watch han se\u00f1alado que las pr\u00e1cticas documentadas en el pa\u00eds \u2014como detenciones arbitrarias, tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas\u2014 configuran patrones de violaciones generalizadas y sistem\u00e1ticas. Al mismo tiempo, el llamado \u201cmodelo Bukele\u201d es observado por otros gobiernos de la regi\u00f3n, donde se discute su posible r\u00e9plica frente a la persistencia de la violencia y el crimen organizado. Algunos actores pol\u00edticos han elogiado sus resultados en seguridad, mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre el riesgo de consolidar reg\u00edmenes punitivos que normalizan la suspensi\u00f3n de garant\u00edas b\u00e1sicas.<\/p>\n\n\n\n

Un espejo para la regi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

El debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos se ha instalado en el centro de la discusi\u00f3n regional. Varios pa\u00edses latinoamericanos miran hacia El Salvador como un laboratorio extremo: un lugar donde la reducci\u00f3n de homicidios convive con denuncias de cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>\n\n\n\n

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En palabras del abogado constitucionalista guatemalteco Eduardo Rodr\u00edguez<\/strong>, experto en reg\u00edmenes excepcionales en Centroam\u00e9rica, el caso salvadore\u00f1o condensa las tensiones de la regi\u00f3n: \u201cEl Salvador vive una paradoja latinoamericana: alcanza \u00edndices de seguridad in\u00e9ditos, pero con mecanismos que, de confirmarse las denuncias, violan pilares b\u00e1sicos del derecho internacional. El espejo salvadore\u00f1o muestra hasta d\u00f3nde puede avanzar el autoritarismo cuando se maquilla de eficacia.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Este video es relevante porque ofrece contexto visual y reportes directos sobre la presentaci\u00f3n del informe del GIPES y las reacciones iniciales que ha provocado en el entorno pol\u00edtico salvadore\u00f1o.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

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